Mi ciudad sufre, como todas las ciudades del país, de una gran cantidad de vendedores informales en sus calles; algunos deambulan con sus mercancías, por eso se les llama ambulantes, sin embargo, muchos más, la mayoría de ellos, permanecen fijos en alguna área pública de la ciudad. Algunos llegan con sus huacales, con sus cubetas, con sus mesas y sus tendales, venden lo que sea que vendan y se van, otros tienen casetas de metal, algunos hasta de concreto y otros más gozan de los beneficios de llevar a cabo su comercio en construcciones hechas por el Municipio mismo, como es el caso de los vendedores afuera del parque de los Tecajetes.
La pregunta que da título a la columna de hoy, sin duda tiene una respuesta lógica, primero fue el ambulante, pues el comercio como actividad humana fue así al principio, alguien llevaba a vender a otros lo que necesitaban y no al revés. Con la civilización esa actividad se fue formalizando y surgieron los mercados, sin embargo el ambulantaje siguió dándose. La modernización de las ciudades y la regulación de las actividades comerciales, con fines de pagar y cobrar impuestos, comenzó a regular toda actividad de compra y venta, es así entonces que surge la prohibición de vender en la calle, o la condición de hacerlo bajo ciertas reglas. Aunque hay que aceptar que el orden de aparición, por supuesto, no condiciona ningún tipo de favoritismo, pues legalmente el permiso debe anteceder al ambulante.
A pesar de que la cosa pareciera fácil de entender, es decir, si se da el permiso se ocupa un área pública para vender algo, si no, pues no, el desorden siempre ha imperado y algunos prefieren hacer las cosas al revés: primero invaden la calle y luego exigen el permiso para vender. Y quienes deberían de regularlos, de meterlos al orden, muchas veces se pasan de tolerantes y otorgan permisos bajo argumentos poco sostenibles como el de la “creación de derechos”, al que se acogen muchos que, habiendo violado la ley por años utilizando áreas públicas indebidamente, arguyen que eso mismo les da derecho sobre el espacio invadido. Otra disculpa que oí recientemente de parte de una, hoy exalcaldesa, justificando la creación de un “corredor comercial” en el parque Juárez para vendedores informales, fue la de decir que los ambulantes “ya eran parte del paisaje”.
El caso es que el ambulantaje representa un grave problema, no sólo de mala imagen urbana, sino también de evasión fiscal, pues se calcula que el 60 % de la economía nacional se mueve en ese sector. Así entonces, los vendedores informales representan una carga fiscal para el país y para los que sí pagan impuestos. Aunque habrá de admitirlo, no todos son informales del todo, los ayuntamientos cobran derechos de piso a muchos, lo cual refuerza la famosa “creación de derechos” y antepone un freno para su control, pues no se le pude cobrar a alguien por hacer algo y prohibírselo al mismo tiempo.
Y en ese malentendido “hacer derechos” muchos se creen en verdad eso de ser dueños del lugar que usufructúan, pongamos un ejemplo: en la administración municipal pasada se reubicaron a los vendedores del parque Juárez; de donde siempre habían estado se movieron al “corredor comercial” que comprende el andador cercano al busto del prócer que le da nombre al parque, entre el montón iban también los boleros. En días pasados éstos intentaron regresar a donde estaban bajo el argumento que no tienen la misma clientela que antes. Obviamente no los dejaron, pero la pretensión ahí queda como una muestra más de que quien ha usado indebidamente un área pública se siente dueño de ella y pretende usarla a su conveniencia.
Es verdad que todo mundo tiene necesidad de un trabajo que le permita ganarse la vida, sin embargo, debemos conducirnos bajo las normas establecidas para hacerlo. Un pequeño empresario que pone una tiendita, una fonda o cualquier negocio debe cumplir con ciertos requisitos, debe pagar impuestos, y no nomás un derecho de piso, debe cumplir con obligaciones de salubridad, de protección civil, etcétera; asimismo debe hacer frente a gastos fijos como energía eléctrica, agua, gas y demás, pagar IMSS si tiene empleados —como los tienen muchos ambulantes que hasta meseros tienen, como es el caso del popular Marquitos en Clavijero— y si el negocio no le da para eso pues tendrá que cerrarlo sin el consuelo de recibir ningún tipo de ayuda del municipio, ni el de una reubicación o algo parecido con cargo al erario.
Ser “parte del paisaje”, como lo ha expresado algún columnista por ahí abogando por los boleros, no es argumento para tener más derechos que los demás ciudadanos, los cuales, además de pagar impuestos, no invaden calles o parques. Es duro decirlo, pero aunque primero fue el ambulante siempre será prioritario el orden justo de la ley.
Alejandro Hernández y Hernández
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