Inicio mi conversación con usted este día recordando la mañana del 26 de junio de 2020. Poco antes de las 6:40 horas, el escribidor leía los diarios en el escritorio contiguo a mi recámara. Paladeaba el primer café del día.
El habitual silencio en ese horario fue roto estrepitosamente por el ruido de potente metralla disparada a una calle y media de distancia. No cesaba. Dos, tres minutos duró la estruendosa balacera, mientras me resguardaba debajo de mi mesa de trabajo.
Al cesar la balacera, uno de mis vecinos subió al grupo de WhatsApp una bala calibre .50 que había caído en la terraza frontera de su vivienda. Comprendí entonces el por qué del estruendo casi ensordecedor.
No mucho tiempo después los medios electrónicos comenzaron a informar que el entonces intendente de la policía capitalina Omar García había sido víctima de un atentado del que por fortuna salió con vida, gracias al blindaje de su transporte, al sacrificio de los elementos que lo resguardaban y, por qué no, hasta puritita buena suerte.
En cambio, Gabriela Gómez, una joven madre de 26 años que vendía comida para sostener a su familia, resultó ser una de las víctimas colaterales de ese atentado. Transitaba por el lugar y en el momento menos indicado. Pura mala suerte.
Pocos días después investigaciones oficiales reportaron que los autores del ataque a quien varios años después sería motejado por un lambiscón del Partido Verde como El Batman pertenecían a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Por cumplir con su deber como encargado de brindar seguridad a los habitantes de CDMX y a sus visitantes?
¿Por alguna traición a algún pacto con El Mencho quien por entonces lideraba y consolidaba al grupo delincuencial?
“La traición y el contrabando, cosas incompartidas”
Amenazas y atentados a funcionarios del área de seguridad pública no responden a una sola causa; obedecen a ambos escenarios, dependiendo del nivel de involucramiento del servidor público y del contexto local.
La gran mayoría de las agresiones, atentados y amenazas directas ocurren porque los funcionarios se niegan a colaborar o están debilitando las operaciones del cártel.
Cuando la policía o las fuerzas federales realizan decomisos históricos, capturan a líderes importantes o desmantelan redes de extorsión, los grupos criminales responden con violencia como represalia. En otros casos, muchos funcionarios locales, fiscales o mandos policiales son amenazados bajo la conocida consigna de "plata o plomo". La amenaza busca doblegarlos para que cedan el control territorial.
Se utiliza la violencia contra elementos honestos para mandar un mensaje de poder y sembrar miedo en el resto de la corporación
Caso distinto son los atentados y amenazas por "traición" o rompimiento de pactos de corrupción, en casos donde existe una infiltración previa, las amenazas e incluso ejecuciones ocurren por la ruptura de acuerdos ilegales.
Si un funcionario corrupto aceptó sobornos para "proteger" a un grupo pero no cumple con desviar las investigaciones o permitir el libre tránsito de actividades ilícitas, la delincuencia lo considera una traición.
En regiones disputadas por varios cárteles, si un elemento de seguridad o un mando ayuda a una organización rival, el grupo afectado suele reaccionar con amenazas de muerte o difundiendo videos para denunciar dicha complicidad. Cuando un funcionario vinculado al crimen organizado decide retractarse, colaborar con las autoridades federales como testigo o simplemente retirarse, se convierte en un blanco prioritario para evitar que filtre información sensible. Por esta razón, las agencias de inteligencia clasifican las amenazas de forma distinta, ya que una requiere protección urgente para el funcionario honesto, mientras que la otra destapa una red de corrupción interna que debe ser investigada y sancionada.
¿Quién usufructúa ya el monopolio de la violencia?
Deben ser muchas las amenazas que en su carrera profesional ha recibido el hijo de don Javier García Paniagua, quien perdió a uno de sus medios hermanos mayores, Javier García Morales, en un atentado mortal en Guadalajara.
La más reciente, empero, cambió el tono. Apareció sobre cartulinas fluorescentes pocos días después de la detención de Govén Ulises Chávez Ramírez, identificado como El Amarillo, El Gobén o Joven Ulices Chávez”, señalado por autoridades como dirigente de una célula de Los Amarillos vinculada con Los Rusos. Chávez fue detenido el 3 de septiembre, hace una semana, en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo federal anunciado por Omar García.
Ghaleb Krame, experto en cuestiones de seguridad a cuyos trabajos recurro con frecuencia, señala en uno de sus más recientes Reportes que el mensaje de las narcocartulinas no se limitan a insultar a las autoridades o expresar enojo por la detención. Introduce una nueva variable: exige una demanda específica: la liberación de Govén Ulises Chávez Ramírez. Y establece un plazo: 24 horas.
Este detalle transforma el mensaje. Ya no es solo una amenaza abierta, sino un ultimátum. Hay una condición y hay una consecuencia.
La lógica es simple: libérenlo; tienen 24 horas; si no lo hacen, habrá represalias.
Desde una perspectiva criminológica, esto es importante porque la amenaza intenta producir un cambio específico en el comportamiento. No solo infundir miedo. El objetivo es lograr que el adversario haga algo que conviene a los criminales.
La violencia anunciada sirve como un mecanismo de presión. Así, el cartel es, en muchos sentidos, no solo un mensaje de venganza por la captura de un miembro de la organización. Es un intento de negociación coercitiva con el Estado.
Quizás la expresión más reveladora en toda la nota es “nuestras áreas”. Y no es una expresión casual.
El mensaje enumera una serie de lugares en Acapulco y sus alrededores: San Marcos, Tres Palos, Zona Diamante, Puerto Marqués, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Xaltianguis, Km. 22 y Km. 36.
Esa enumeración cumple una función específica. El autor no solo está diciendo dónde no quieren ver patrullas. Están tratando de delinear un límite. La noción implícita es que estas áreas pertenecen a su propia esfera de control y que la presencia de fuerzas de seguridad constituye una intrusión.
Y ahí aparece el elemento político de la amenaza. En un estado constitucional, la autoridad debería tener el monopolio legítimo de la fuerza y determinar dónde despliega sus esfuerzos. La nota intenta revertir esa relación. El mensaje está destinado a crear una situación en la que un actor criminal pueda decirle al Estado: “Aquí no entras”.
Esa afirmación es mucho más grave que una amenaza individual. Es una afirmación de soberanía criminal.
Por supuesto, la frase “nuestras áreas” no es prueba de que la organización tenga un control efectivo y permanente sobre cada uno de estos lugares. Reclamar un territorio es una cosa; tener el control operativo real sobre él es otra. Pero precisamente ahí radica la importancia de la nota: alguien está tratando de crear la percepción de ese control.
La amenaza está planteada. ¿Cómo reaccionarán el gobierno y sus funcionarios del área de seguridad ante estos nuevos retos a la sociedad de los cada vez más empoderados criminales?
Indicios
Tras la metralla de elogios que el administrador de la DEA, Terry Cole, disparó recientemente a El Batman García, llegó un frio duchazo de realidad en voz del secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que las acciones del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga “no son ni de lejos suficientes” y advirtió que la amenaza que representan estas organizaciones tendrá que ser enfrentada “de una forma u otra”. Sostuvo que la situación de seguridad continúa siendo uno de los principales asuntos entre ambos países. Y que esa amenaza a la seguridad de ambos vecinos territoriales “tendrá que ser enfrentada de una forma u otra”. Y reafirmó lo dicho varias veces por Donald Trump y otros miembros de su gabinete: “Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”… los cárteles representan “una amenaza para el Estado mexicano”. * * * Como siempre, agradezco que haya leído este Índice Político y le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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Amenazas a Harfuch. ¿Por cumplir con su tarea? ¿Por traición?
