Como lo comentamos la semana pasada, el Senado aprobó el dictamen que faculta a la Cámara alta para aprobar u objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda.
Empero, a la nueva ley los senadores le quitaron los dientes, pues flexibilizaron las condiciones para que estados y municipios contraten empréstitos, en aras de defender su “autonomía”. El viejo cuento del federalismo como parapeto para que las autoridades locales evadan la fiscalización externa.
En el dictamen se establece que “no se considera conveniente condicionar la contratación del financiamiento a la no objeción o autorización del Senado para su contratación, ya que ello vuelve muy complejo el modelo y se estima que se estaría desvirtuando la naturaleza del Senado, el cual es un organismo político que no tiene facultades propias de administración”.
Así las cosas, el Senado renunció a poner límites a los estados para la contratación de créditos, y no sólo eso: limitó las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar ese dinero.
Con esas determinaciones, queda al arbitrio de las autoridades locales y de sus congresos la autorización para endeudarse, con lo que se desvirtúa el objetivo primero de esta ley, que en esas condiciones, sólo serviría para que el órgano legislativo conozca los montos reales de las deudas estatales y municipales, sin ir mucho más allá.
Quizá lo más destacable sea que para aprobar un endeudamiento se necesite el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de los congresos locales, así como la prohibición para que los recursos de los créditos se utilicen para el pago de gasto corriente, y que se contraten en los últimos tres meses de administración de los gobiernos.
De alguna manera, era de esperarse. Muchos de los integrantes del Senado son aspirantes a gobernadores de sus estados, y la nueva ley, en los términos en que estaba planteada originalmente, los limitaría para allegarse de recursos por esta vía si llegaban a encabezar una administración estatal. Así que decidieron no hacerse el hara kiri ellos mismos, pero en detrimento de las finanzas de las entidades.
Lo peor es que esta ley está en peligro de ni siquiera entrar en vigor. La Cámara de Diputados acordó no discutir la minuta que le envíe el Senado por considerar que invade sus facultades, ya que, según ellos, el dictamen debió ser originado ahí y no en el órgano senatorial.
Así que a ver para cuándo se le pone un freno a la voracidad de los virreyes estatales.
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