BRASILIA, 10 de diciembre (Al Momento Noticias).- A casi 30 años del fin de la dictadura militar en Brasil, la Comisión de la Verdad, creada en 2011 por la presidenta Dilma Roussef, entregó un informe final y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
Con el informe se reabrieron las heridas causadas por la dictadura militar (1964-1985), que según el documento que cifra en 434 las víctimas mortales por el régimen castrense y responsabiliza a 377 funcionarios de las violaciones y los abusos.
En una emotiva ceremonia, en la que la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años 70 era guerrillera marxista y fue capturada, torturada y encarcelada, rompió en lágrimas, la Comisión le entregó el informe.
Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe en la capital Brasilia. El público le tributó una ovación de pie cuando hizo una pausa.
“Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo, como si volvieran a morir cada día de sus vidas”, afirmó la presidenta, a veces cortándose a mitad de una frase luchando por contener las lágrimas.
“Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a ese objetivo para que los fantasmas de un pasado triste y doloroso no puedan seguir refugiándose en el silencio”, puntualizó.
La Comisión de la Verdad entregó su informe sobre lo ocurrido durante 21 años de dictadura en el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y rechaza “enfáticamente las explicaciones ofrecidas hasta hoy de que las violaciones a los derechos humanos no fueron más que unos pocos hechos aislados o excesos de unos cuantos soldados”.
Asegura que los “crímenes contra la humanidad” fueran sistemáticos durante el régimen, al que culpa de muertes, torturas, desapariciones forzadas, ocultación de cadáveres y creación de prisiones arbitrarias.
“En la dictadura militar la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtió en política de Estado, concebida e implementada a partir de decisiones emanadas de la Presidencia de la República y los ministerios militares”, señala el documento.
“Esa política de Estado movilizó a agentes públicos para la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, y tortura, que se abatió sobre millares de brasileños, y para cometer desapariciones forzadas, ejecuciones y ocultación de cadáveres”, agrega el texto, de cuatro mil 400 páginas.
En virtud de una Ley de Amnistía en vigor desde 1979, Brasil es el único país de América del Sur que no juzgó los crímenes de la dictadura, al considerar que se necesitaba pasar página y avanzar hacia la reconciliación.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad recomienda ahora que se revise la ley, mientras el texto del informe puede ser usado por el Ministerio Público para emprender eventualmente acciones contra acusados de crímenes en la dictadura que no sean considerados “políticos”, sino crímenes comunes.
“La búsqueda de la verdad factual, el respeto a la memoria histórica y el estímulo a la reconciliación del país se consigue por medio de la información y el conocimiento”, afirmó Rousseff, quien señaló que “nosotros creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya para que fantasmas del pasado doloroso y triste no puedan protegerse más en las sombras del silencio y de la omisión”.
La presidenta Rousseff creó en 2011 una Comisión de la Verdad para arrojar luz sobre este doloroso periodo de la historia de Brasil, que junto a Chile (más de tres mil cien desaparecidos o muertos) y Argentina (más de 30 mil) sufrieron duros regímenes castrenses en la época de la Guerra Fría.
En total, más de mil 100 personas fueron entrevistadas para elaborar este informe en el que se detallan los acontecimientos sucedidos, pero sin atribuir responsabilidades con nombres y apellidos, a causa de la falta de un proceso judicial.
Los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. El documento representa la revisión más completa en Brasil para arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.
“Estas cifras por cierto no corresponden al total de muertes y desapariciones sino solo de casos que fue posible comprobar”, dice el informe, y cita “los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las fuerzas armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida”.
Rosa Cardosa, abogada penal de Río de Janeiro y miembro de la comisión, dijo que documentar la represión del régimen militar a estudiantes, dirigentes sindicales, trabajadores de fábricas, tribus indígenas y otros calificados de subversivos es crucial para restañar las heridas en la sociedad brasileña.
“Creo que el informe nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a contribuir a que la sociedad comprenda este problema y le arroje luz”, comentó Cardosa, quien durante el régimen militar brindó representación legal a prisioneros políticos, entre ellos a Rousseff.
El documento “da voz a las víctimas, a los sobrevivientes y las familias que fueron capaces de contar la historia de aquellas atrocidades”, afirmó.
“No puede haber amnistía para los torturadores, y a fin de que estos sean responsabilizados por sus crímenes, la ley de amnistía debe ser modificada o anulada totalmente”, opinó a su vez, Elizabeth Silveira e Silva, que dirige el grupo Tortura Nunca Más.
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AMN.MX/bhr
