CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril (Al Momento Noticias).- “Nadie sabe lo que realmente sucedió [en Iguala], pero todo el país está especulando. ¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal, sospecha muchos”, cuestionó la revista británica The Economist en su más reciente edición.
La publicación destacó que los mexicanos están horrorizados por el comportamiento de los policías locales; además, de que la historia recuerda que en algunas partes del país el crimen organizado se ha infiltrado en la política “tan a fondo que los dos bandos son difíciles de diferenciar”, así como que los crímenes en México rara vez son castigados: “sólo uno de cada 100 llega a una condena”.
The Economist describió al “gran misterio” que representa la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’, ocurrida hace 19 meses, como un “crimen espantoso” y que su posible encubrimiento “recuerda a los mexicanos lo que más les disgusta de su gobierno”.
El semanario británico refirió cómo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH se ha quejado de que el Gobierno mexicano obstruyó su investigación al no permitirle entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.
Además, mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que, de acuerdo con un testigo, oficiales de la Policía Federa estaban presentes cuando los estudiantes fueron sacados de un autobús y agrupados en las patrullas municipales sin haber interferido.
La publicación calificó a la versión oficial como impactante: “Cuarenta y tres estudiantes desaparecieron y se presume que están muertos. El alcalde de Iguala y su esposa estaban enojados con ellos por haber interrumpido un evento político, dice el Gobierno federal, y ordenaron a la policía local entregarlos a un grupo de narcotraficantes, los “Guerrero Unidos”, quienes confundieron a los estudiantes con los miembros de una banda rival. Los mataron, quemaron sus cuerpos en un vertedero de basura y arrojaron los restos en un río”.
“O eso es en lo que el Gobierno insiste. La verdad puede ser peor”, agregó.
Sobre el GIEI, la revista resaltó que fue por la presión de las familias de los desaparecidos que el gobierno invitó a los expertos extranjeros para investigar el caso.
Indicó que grupo no encontró ninguna evidencia de que los estudiantes habían sido quemados en el vertedero de basura y sugirieron que uno de los autobuses quizá estaba siendo utilizado para mover heroína de Guerrero a Chicago.
“Los estudiantes podrían haber sido asesinados porque sin darse cuenta se hicieron de millones de dólares en drogas”, precisó.
El medio británico puntualizó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa están en custodia, al igual que 73 policías municipales y 50 miembros de ‘Guerreros Unidos’.
Además, de que la versión del gobierno sobre los acontecimientos de esa noche se basa en gran parte en las confesiones de los criminales, sin embargo, el GIEI documentó que 17 de los miembros de la banda criminal fueron torturados.
The Economist refirió que para el presidente Enrique Peña Nieto el caso ha sido “un desastre de relaciones públicas”, pues “le tomó un mes reunirse con las familias de las víctimas y 17 meses para visitar Iguala. Por lo que ahora muchos mexicanos cuestionan su buena voluntad para confrontar la cultura de la corrupción que permite a la violencia prosperar”.
La publicación también hace referencia a la desaparición de cinco jóvenes en Veracruz, levantados por la policía estatal. Además, añadió la difusión del video en el que una presunta delincuente es torturada por dos soldados y un policía federal.
“Peña Nieto, que ha impulsado las reformas de Energía y Telecomunicaciones, todavía tiene la capacidad de sorprender. La semana pasada, admitió que la guerra contra las drogas no iba bien. Propuso la legalización de la marihuana medicinal y la despenalización de la posesión de 28 gramos o menos de mariguana recreativa.
“Esto podría comenzar a desacelerar la guerra contra las drogas, sacar a los delincuentes inofensivos de las cárceles repletas de México y centrar las fuerzas de seguridad en los delitos que aterrorizan a los ciudadanos comunes, como la matanza de los futuros profesores de Ayotzinapa”, destacó.
Pese a ello, concluyó que el establecimiento del Estado de Derecho en México tomará años.
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