En el México miembro de la OCDE, los normalistas después de calcinados tuvieron una “segunda muerte”, humillados en virtud de ignorar por qué murieron
Cada declaración que se hace sobre el tema de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desparecidos, contribuye a alejarnos de la verdad, ya sea de la PGJ de Guerrero, de la PGR, de la SEGOB, del Ejército o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde que ocurrieron los sucesos de lesa humanidad, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, todo ha sido un cúmulo de equívocos, comenzando por la fallida estrategia del gobierno federal, que tardó días en reaccionar, bajo la premisa de no “comprar” un caso que era asunto del gobierno de Guerrero.
Después de que la PGR atrajo las investigaciones (el cuatro de octubre) y ante una brutal presión domestica e internacional, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, presentó un informe el siete de noviembre de 2014, el cual definió, arrogante que es, como la “verdad histórica” de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el meollo de todo, era que los normalistas habrían sido incinerados en un basurero de Cocula, lo que parecía un intento por dar carpetazo a las indagatorias, lo cual provocó un rechazo generalizado.
Previo a lo anterior, el gobierno de México solicitó el 31 de octubre a la CIDH, presidida por el mexicano Emilio Álvarez Icaza, asistencia técnica en la investigación, de lo que derivó la creación del GIEI.
Cabe señalar que durante el lapso entre lo dicho por la PGR y las conclusiones del GIEI, se detuvo a varios presuntos implicados, lo que parecía confirmar la investigación oficial.
No obstante lo anterior, el grupo de expertos presentó sus avances el seis de septiembre de 2015, a los que definió como “Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.
En las mismas, desautorizó la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula y señaló otras omisiones en la investigación de la PGR, de lo cual derivaron una serie de recomendaciones.
La primera reacción del gobierno federal fue descalificarlas, en columnas políticas, aduciendo que era un “cobro de factura” de Álvarez Icaza, porque en su momento Peña Nieto no lo apoyó para llegar a la CNDH, después hubo un recule y se dijo que se aceptaban las recomendaciones lo que llevaría a realizar otra investigación.
Pero en los enredos, también el GIEI aporta lo suyo, ya que el pasado siete de diciembre señalaron en conferencia de prensa que las fotos satelitales demostraban que no hubo incendio en el basurero de Cocula el 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, Guillermo Martínez, especialista en Geomática de la Universidad de Loyola del Pacífico, afirmó que sólo el satélite Terra 1 de la NASA orbitó por la zona en cuestión y que nada más de día puede captar imágenes y que justo el 27 de septiembre, el satélite tomó una imagen a las 11:30 de la mañana, en la que no se aprecia más que nubosidad, ante esto, el GIEI ha guardado silencio…lo dicho, la verdad histórica está calcinada…todo se fue al carajo.
Javier Roldán Dávila Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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