No hay impunidad que dure cien años ni sistema que los aguante
Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, declaró lo siguiente: “Ahora entiendo porque mucha gente prefiere huir que enfrentarse a la justicia, no hay justicia, es un tribunal de Estado. Traían preparado el sketch para dejar a Rosario en prisión.”
En ese tenor, habría que preguntarle al litigante lo siguiente: ¿cómo definir a los funcionarios que utilizan ‘la plenitud del pinche poder’ para saquear la Hacienda Pública?
No es aventurado catalogar a estos seudo servidores públicos como ladrones de Estado, debido a que con información y posición de privilegio, pergeñan sofisticados mecanismos para intentar realizar sus triquiñuelas sin dejar rastro.
El ardid de que la ley no prevé tal o cual figura delictiva (por ejemplo el: ¡yo no firmé nada!), no los exime de responsabilidad de facto por una razón fundamental: las leyes fueron diseñadas para proteger a las elites gobernantes.
De no ser así ¿cómo explicar que la ‘corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones’, no fuera un crimen que ameritara prisión preventiva, hasta la reforma al artículo 19 Constitucional publicada el pasado mes de abril?
Con un buen tándem de abogados avezados, cualquier delincuente de cuello blanco puede evadir la acción de la justicia, por lo tanto don Julio, lo único que ocurre, es que les están recetando una sopa de su propia mezcolanza legaloide. Como dijo el clásico: #NoMamar.
