La amenaza de Felipe Calderón

La petición, firmada por 23 mil personas, y redactada por el abogado Netzai Sandoval, ha sido catalogada por muchos de los seguidores de Calderón y por algunas plumas vendidas del sistema, como un acto de venganza por aquellos que, dicen, “estamos resentidos por haber perdido las elecciones del 2006”. Nada más ajeno a la realidad. La petición on line que acompaña la denuncia ante el Tribunal Internacional, pone énfasis en los siguientes puntos que atañen, no sólo a simpatizantes de un partido político, si no a la sociedad en general:

1. El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

2. El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

3. Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

4. Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma. (véase Petición on line)

La petición, como se observa, está jurídicamente sustentada, pero se recurre a instancias internacionales ante la negativa que existe en el país de proceder legalmente contra los presuntos responsables, ya que en este caso, se tiene fuero constitucional.

Ante las amenazas vertidas por el inquilino de Los Pinos, las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales el descontento fue evidente y los posteos iban desde las frases chuscas hasta el reclamo abierto y franco hacia quien, haciendo gala de su fuero y abusando de su poder, quiso amedrantar a todos quienes participamos en esa petición.

Por su parte, el abogado Netzai Sandoval, en entrevista con Carmen Aristegui, consideró como “inaceptable”, “inaudito”, y una “respuesta violenta y amenazante” que el gobierno federal “explore” proceder por la vía legal contra quienes denunciaron al presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la lucha contra el crimen organizado. (La Silla Rota)

Alude, además: “Lo que están avisando es que van a tomar alguna medida legal contra las 23 mil personas que estamos denunciando”.

Así las cosas, y tomando en cuenta que los actos de represión contra quienes hacen uso de las redes sociales o los medios escritos no se han hecho esperar, el comunicado emitido por el señor Calderón parece poco menos que desafortunado en un país donde, no sé si lo sepa, el horno no está para bollos precisamente porque la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones seguirá desatando más violencia y, peor aún: dado que la denuncia ante el Tribunal Internacional fue contra el Ejecutivo y narcotraficantes, nos puede hacer caer en el “sospechosismo” que Calderón Hinojosa prefiere seguir defendiendo su ataque al narco a costa de lo que sea. Incluso, que se le catalogue como cómplice de quienes dice atacar, pero que siguen libres. Por lo tanto, sería conveniente que el señor Calderón considerara rectificar lo hoy dicho y ofrecer una disculpa pública. Al final de cuentas, será la Corte Internacional la que emita su fallo y si la razón lo acompaña, nada deberá temer.