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En una agencia automotriz de la Chevrolet ubicada en el municipio de Veracruz, el gobierno del estado realizó un importante pedido de camionetas Mitsubichi L200 con valor de 283 mil pesos cada una. Son alrededor de 120 unidades las cuales serán entregadas paulatinamente y ya salen totalmente rotuladas con el diseño del “gobierno próspero” y publicidad de la campaña “Adelante”. Es decir, por este importante parque vehicular el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, gastará 33 millones 960 mil pesos.
Sería importante preguntarle al presidente de la Coparmex, Luis Alberto Martín Capistrán si este monto podría servir para pagar a los empresarios sobre el adeudo que la Secretaría de Finanzas y Planeación mantiene con los proveedores, quienes ya están hartos de escuchar la misma cantaleta de siempre: “no hay dinero”.
Como siempre, Tomás Ruiz evade a los inversionistas y eso sí, cumple al dedillo con las necesidades primordiales de su jefe al intentar promocionarlo a través del ambicioso programa “Adelante” –el cual se ha quedado en eso, ser ambicioso pues hasta ahora sigue habiendo pobreza lacerante en la entidad- y hacer uso de este en las próximas contiendas electorales para promocionar a sus “gallos”.
Una vez más queda demostrado como el dinero de los veracruzanos es utilizado para fines partidistas. En Veracruz, desde el mandato de Javier Duarte de Ochoa no se ha proyectado ni una sola obra con recursos del gobierno estatal, las que se realizan en el estado son del erario federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
No hay peor ciego, que el que no quiere ver
El fallo del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) dejó estupefacta a un gran porcentaje de la población mexicana. Aunque para muchos la decisión ya era esperada con total seguridad. Las redes sociales de manera constante hacían exigencias al TRIFE para que éstos cumplieran con su tarea de responder a la ciudadanía. Contrario a su obligación, los magistrados dieron el fallo a favor del presidente des”virtual”, Enrique Peña Nieto.
No importaron las miles de pruebas. Ciegos –como ironizó en la portada del semanario, Proceso- desestimaron absolutamente todo, justificando que las pruebas presentadas no provenían de la figura legal correspondiente. Es decir, para los magistrados el acto de corrupción, el lavado de dinero, los excesos de gastos de campaña por medio de las tarjetas de prepago de Soriana expedidas por Monex, etc., es considerado nulo, cuando no proviene de un partido político. El problema de la Ley Electoral es que el ciudadano no tiene figura política, es decir, los mexicanos comunes y corrientes sólo le servimos a quienes ejercen el poder, para votar.
Derivado de este acto indigno por parte de los jueces, integrantes del movimiento “YoSoy132” a nivel nacional, se dieron a la tarea de manifestar su repudio al tomar las calles y con carteles, mantas y consignas, ser ejemplo de la ira generalizada dentro de un contexto social de la población: universitarios, académicos, profesionistas, intelectuales, empresarios, izquierdosos, etc.
La toma del ayuntamiento de Veracruz, por parte de los estudiantes ha despertado el interés de muchos ciudadanos por denunciar los actos de corrupción por parte de los magistrados, quienes les gritan ser ciegos y vendidos, y por ello, insisten en el hecho de que instituciones como Instituto Federal Electoral (IFE)y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) sean controlados por consejeros y magistrados elegidos por el propio pueblo y no, por las autoridades. Insisten que actualmente estos son elefantes blancos y de proseguir bajo ese tipo de esquema, es preferible que desaparezcan.
Sabemos que siempre debe de existir un ente o institución que vigile el actuar de la clase política, en las contiendas electorales. El problema radica, en el tipo de selección de quienes las operan. Es decir, los mexicanos están en la actualidad exigiendo una reforma estructural para así, impedir se siga manteniendo este tipo de régimen retrogrado que actualmente opera en nuestro país.
La visita del pueblo a espacios públicos
Para la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, la toma del palacio municipal se convierte en un acto de desagravio hacia su mandato. Altanera –como es su costumbre- la edil porteña denunció ante las instancias correspondientes sobre la situación que la aqueja. Y es que los estudiantes del movimiento “YoSoy132” tomaron parcialmente su “imperio”; en el balcón central, lucen mantas en contra del actual presidente de la República impuesto por el TRIFE, Enrique Peña Nieto y otras tantas, en contra de su administración.
La idea de interponer la denuncia penal en contra de los jóvenes universitarios, es justificar la fuerza pública para su desalojo. La presidenta municipal, intentó apoyarse de los elementos de la Secretaría de Marina, pero sin éxito, vio con tristeza que estos al no encontrar el acto de violación por parte de los ciudadanos, se retiraron del lugar. Ahora “Carola” tendrá que esperar un poco para así enviarles a los “polis” de Arturo Bermúdez Zurita –ese mismo que se dice ser secretario de Seguridad Pública, pero quien no se ve su presencia en la entidad veracruzana- para el desalojo de la toma simbólica del palacio municipal.
Como quien dice, sólo es cuestión de horas para que Carolina Gudiño defienda su recinto. Sólo esperemos que esta acción no la deje peor parada ante los ojos de la ciudadanía, y sobre todo, de las instancias internacionales que están con los ojos centrados al estado de Veracruz.
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